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Desde el 12 de agosto de 2015, mediante el proyecto ley No. 070 viene intentándose sacar adelante una reforma integral que modernice el régimen de sociedades colombiano y lo ponga a tono con las últimas tendencias mundiales en Derecho Societario. La reforma legislativa más cercana que logró este objetivo fue hace más de dos décadas con la expedición de la Ley 222 de 1995, que introdujo instituciones novedosas como la escisión, el derecho de retiro, las reuniones no presenciales, los acuerdos para sociales, la empresa unipersonal, los grupos empresariales, entre otros.

Sin embargo, esta importante iniciativa legislativa no hizo eco en el Congreso, por lo que fue retirada el 5 de abril de 2016 y, posteriormente radicada en el año 2017, bajo el proyecto de ley No. 02, que actualmente se encuentra en curso.

Este proyecto de ley consta de ocho capítulos y 45 artículos, e introduce las siguientes modificaciones:

I. Reformas a la sociedad por acciones simplificada.

Se establece que en las SAS en las que el único accionista sea una persona natural y que a la vez sea el representante legal de la sociedad, no será obligatorio celebrar reuniones ordinarias de Asamblea, ni designar revisor fiscal, ni preparar el informe de gestión de los administradores.

Por otra parte, las Cámaras de Comercio podrán registrar de oficio la situación de control al momento de la inscripción de la constitución de una sociedad por acciones simplificada cuyo único accionista sea una persona natural, a menos que éste manifieste expresamente y por escrito que no ejerce el control de la Sociedad. Cabe destacar que, con la expedición del Decreto 667 de 2018, las Cámaras de Comercio ya vienen implementando esta medida.

II. Responsabilidad de administradores.

Se amplía el concepto de Administradores a todas aquellas personas que ejerzan funciones en la alta gerencia de la sociedad, tales como el presidente, el gerente, los vicepresidentes, los subgerentes y el tesorero, así mismo, a los comités u otros cuerpos colegiados que cumplan funciones de administración.

También, se introduce el concepto de Administrador de hecho, que es aquella persona natural o jurídica que, sin ser administrador, se inmiscuye en la gestión, administración o dirección de la sociedad, por lo que incurriría en las mismas responsabilidades y sanciones aplicables a los administradores sociales.

En cuanto a la responsabilidad de los administradores, el proyecto de reforma establece que, a menos de que se compruebe la mala fe o la violación de la ley o del deber de lealtad, los administradores no responderán por los perjuicios que se originen en sus decisiones de negocios.

Finalmente, se tipifican las situaciones que dan lugar a conflictos de interés y el procedimiento de autorización que deberá agotarse ante la Sociedad cuando éstas se presenten.

III. Acciones para impetrar la responsabilidad de los administradores.

Se crean dos tipos de acciones: La acción derivada y la acción individual de responsabilidad. La primera, permite que cualquier asociado demande el resarcimiento de los perjuicios sufridos por la sociedad como consecuencia de las actuaciones de los administradores. La segunda, tiene como fin resarcir los perjuicios sufridos directamente por un asociado o un tercero por razón de las actuaciones de los administradores, siempre y cuando tales perjuicios no correspondan a los que pueden exigirse mediante la acción derivada.

Por otra parte, se introduce la posibilidad de exonerar vía estatutos la responsabilidad de los administradores frente a la sociedad o limitarla en una cuantía determinada, siempre y cuando no se trate de una sociedad que esté inscrita en el Registro Nacional de Valores. En todo caso, esta exoneración no operaría en casos tales como: dolo, comisión de un delito o violación del deber de lealtad por parte del administrador.

IV. Registro mercantil de las sociedades.

El proyecto de reforma obliga a las Cámaras de Comercio a la implementación de las tecnologías de la información en todos sus procesos de matrícula, expedición de certificados y consulta del registro mercantil.

V. Reformas a las facultades de la Superintendencia de Sociedades.

Se le confiere a la Superintendencia de Sociedades facultades jurisdiccionales para resolver todas las controversias relacionadas con la interpretación y aplicación de las normas de Derecho Societario, las cuales se tramitarían por el proceso verbal sumario.

VI. Procedimiento administrativo sancionatorio de la Superintendencia de Sociedades.

Se establece un procedimiento administrativo sancionatorio especial para cuando existan indicios acerca del posible incumplimiento de las normas por cuya aplicación debe velar la Superintendencia de Sociedades, en cuyo caso se establece un procedimiento especial de única audiencia en la que se oirán los descargos del presunto infractor, se ordenarán y practicarán pruebas y se tomará la respectiva decisión. Contra ésta solo procedería el recurso de reposición.

También, se establecen las sanciones que podrá imponer la Superintendencia de Sociedades a quienes incumplan sus órdenes, la ley o los estatutos sociales, consistentes en multas, la remoción del administrador o la prohibición para ejercer el comercio hasta por 10 años, así como amonestaciones y sanciones pedagógicas.

VII. Opresión de asociados minoritarios.

Finalmente, se crea la acción de Opresión del asociado minoritario contra toda conducta tendiente al menoscabo de los derechos que le corresponden a éstos conforme a la ley. La acción se tramitará mediante demanda presentada ante la Superintendencia de Sociedades, para que ordene la medida de reembolso del aporte del asociado, o en su defecto, la disolución y liquidación de la Sociedad y, el nombramiento del liquidador.

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